Los costos de la corrupción en la justicia

En materia de administración de justicia, la corrupción cada vez es más notoria y mucho más profunda.  He tenido en el pasado la oportunidad en el pasado de ver diferentes formas de corrupción tanto en el sector púbico como en el sector privado.  Como asesor del Despacho del Vicefiscal General de la Nación, y como Fiscal de la Unidad Anticorrupción, tuve la oportunidad de observar con claridad lo que parece cada más objetivo y real.  La percepción no fue muy diferente al coordinar la lucha contra la ilegalidad en el comercio desde el Programa de Transformación Productiva.

La corrupción se tomó al país, y como parte de esa toma, el sector judicial está cada vez más capturado. Así lo ha diagnosticado la Transparencia por Colombia en un reciente estudio titulado "Barómetro global de la corrupción 2013", correspondiente a las instituciones colombianas.  La percepción de corrupción en el Sector Justicia supera la percepción de corrupción en la Policía Nacional, que históricamente ha sido catalogada como una de las instituciones más corruptas en el país.  La justicia se encuentra en el cuarto lugar por detrás de los partidos políticos, el Congreso y los funcionarios públicos -asumiendo que esto corresponde a los funcionarios del Ejecutivo-.

Para el usuario de la administración de justicia que todavía cree que acudir a los jueces le otorgará justicia, es difícil entender que para obtener alguna respuesta favorable a sus pretensiones (normalmente cuando se ha sufrido un daño con consecuencias económicas), sea necesaria una ayuda adicional para los funcionarios.  Otros usuarios, que intentar "ir a la fija", procuran caer en manos de viejos conocidos de este tipo de actividades.  Por supuesto, llevar un proceso en esas circunstancias es altamente riesgoso, y ello ha incidido en que crezca la figura del arbitraje, pues ya en los jueces no se confía.

Por supuesto, la práctica jurídica de los abogados litigantes está presentando el mismo fenómeno puesto que existe una interrelación directa a doble vía entre operadores jurídicos y abogados litigantes; la corrupción de jueces y fiscales va de la mano con la corrupción de abogados que inciden en esos procesos de corrupción. No es de extrañar que junto con la cotización de honorarios profesionales, algunos abogados sin ética incluyan rubros de "servicios adicionales". En consecuencia, todo usuario de la administración de justicia colombiana tiene que ser consciente de en qué país está solicitando la administración de justicia.  La corrupción en el sector justicia hace que la ciega justicia adquiera una visión clara y cristalina para favorecer a personas, y no para para imponer lo que dice la ley.

Mal haríamos en pensar que los costos de la corrupción en justicia lo asumen únicamente las partes en un proceso "direccionado".  La corrupción en justicia implica sobresueldos a operadores jurídicos, implica disipación del presupuesto público, es decir, afecta el bolsillo de todos los colombianos. Por supuesto, también implica el mayor de los costos posibles: el agravio que infligen aquellos que dicen defender a los asociados de los agravios injustos de terceros. La corrupción implica precisamente el ataque del Estado contra el ciudadano. ¡Dios nos libre!

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* Imagen tomada de la página www.periodistadigital.com