Finalizó el mundial de 2014, en medio de un hervor de pasiones. Colombia sintió algo que le había sido esquivo por mucho tiempo: autoestima internacional. La creencia de que nuestro equipo pudiera vencer a un histórico como Brasil, la alegría que genera contar con el goleador del certamen (quien anotó el mejor gol del torneo), y el hecho de que se hayan generado mejoras a los miembros del equipo a nivel del fútbol mundial, brinda mucha alegría.
De regreso a la realidad, sin embargo, nos encontramos con que el fanatismo por nuestra selección sigue siendo puro y prístino a otros niveles. En la actualidad nos enfrentamos a un choque evidente entre los partidarios de Santos, los partidarios de Uribe, la izquierda, y también (de paso) los no polarizados. El asunto, a nivel netamente político no es nuevo. La dinámica de la democracia requiere -para que sea sana democracia- que existan distintas posturas.
El problema que afronta el país es que, según un amplio sector de la opinión, los órganos jurisdiccionales y los organismos de control actualmente se encuentran liderados por personas con agendas políticas que se evidencian en su actuar jurídico. La figura del Procurador General de la Nación, ha sido criticada duramente por el excesivo poder que encierra. El debate se acalora cuando se analiza desde la perspectiva del actual Procurador, Alejandro Ordóñez, quien ha sido acusado de actuar bajo ideologías personales, mezclando el derecho con su ideología. Lo mismo se ha predicado del Fiscal General de la Nación, quien ha venido acaparando más y más poder a nivel institucional, lo que aparentemente lo habría llevado a tomar decisiones procesales e institucionales basados en este componente.
Este tipo de situaciones ha llevado a que la historia reciente del país se vea inundadas de peleas personales entre Alejandro Ordóñez (Procurador General de la Nación), Eduardo Montealegre (Fiscal General de la Nación), Sandra Morelli (Contralora General de la República). Recientemente se ha visto a qué nivel llegan este tipo de situaciones a nivel de las Altas Cortes. La nulidad de las elecciones de Alberto Rojas Ríos en la Corte Constitucional, de Franciso Ricaurte en el Consejo Superior de la Judicatura, ha generado todo tipo de choques entre actores del poder público. El problema personal, no merecería mayor reparo, pues cada cual tiene derecho a ser amigo o enemigo de quien quiera. El asunto se complica cuando las entidades o los órganos a los que pertenecen forman parte integral de la estrategia de guerra entre ellos. En ese estado de cosas, las peleas personales se convierten en peleas institucionales
Ante estos exquisitos platos que nos sirve la beligerante institucionalidad colombiana, los ciudadanos -sean o no activistas, aún a nivel de las redes sociales- toman partido y empiezan a asumir la pelea personal de los funcionarios, como si se tratase de una pelea propia. Tomar partido, es lo mínimo que se puede esperar de un ciudadano en una democracia sana, pero llegar al nivel del fanatismo y de la agresividad sin sentido con otros ciudadanos que nada tienen que ver con esas dinámicas del poder, ha llevado a que la dinámica institucional de la democracia colombiana se haya convertido en un auténtico escenario de barras bravas de la política y el derecho.
Triste y complicado es pretender mantenerse ileso ante estas dinámicas, sin pretender llegar al nivel de frivolidad y pusilanimidad, cuando el país se despedaza a raíz de intereses que no son claros o transparentes para el país. No es fácil entender (ni mucho menos explicar), por poner un ejemplo, cómo es posible que el Consejo de Estado tome una decisión como la de asignar el estudio de un asunto a una Sección específica de la Corporación, y ante la filtración de la que posiblemente sería el fallo, decida motu proprio revocar su propia decisión para que sea estudiado por la Sala Plena. El asunto no me resulta procesalmente explicable, y menos aún cuando lo que está en juego allí es la permanencia en el cargo del actual Procurador General de la Nación. Me resulta aún menos explicable cuando aparentemente muchos familiares y amigos de los Consejeros de Estado se encuentran vinculados a la entidad liderada por el directamente afectado por la decisión.
Mientras esta cuestiones se debaten en las altas esferas de la institucionalidad colombiana, la ciudadanía se despedaza entre sectarismos y simpatías, muy propias del fútbol, no de la democracia.
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Imagen tomada de la página web http://cerebrovortex.com
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