Inicio por la respuesta: NO.
La respuesta no deviene de mi posición personal, ni tampoco de una cuestión ideológica. Colombia tiene una "excelente reputación" a nivel internacional, que lo ha llevado a suscribir cuanto convenio internacional surge en materia de lucha contra cualesquiera tipo de delito. Entre ellas, está la Convención de 1988 de la ONU contra el narcotráfico (el nombre el bastante más largo, pero espero se disculpe esta simplificación).
No suelo recurrir a mi trayectoria para avalar nada de lo que aquí se escribe, pero en este caso resulta necesario hacerlo, dado que el tema requiere un tratamiento que supera largamente el espacio que dedico a este ingreso. Durante los últimos (casi) siete años, he tenido la oportunidad de enseñarle a mis estudiantes de postgrado en Derecho Penal que el narcotráfico (que en nuestro Código Penal tiene un nombre tan largo como el que omití atrás) tiene unas particularidades muy especiales que hacen que ese delito no sea susceptible de ser considerado delito político. Por supuesto, si no es posible ser delito político, tampoco puede ser un delito conexo al político: lo accesorio accede a lo principal, dice el derecho civil,. En consecuencia, si no puede ser delito político por su naturaleza, tampoco podría ser delito político por conexidad. (Los invito a que revisen la Convención de 1988, en donde el atículo 3o, numeral 10).
La propuesta del Gobierno, sin duda es audaz, y desde mi punto de vista, no es carente de razón. Se trata de una negociación sumamente difícil. Conozco, personalmente, lo que he denominado "cultores" de la droga (personas que no solamente las consumen, sino que son activistas, defensores y revolucionarios de su uso), y a través de ellas he podido entender qué tan insuficiente es el derecho para solucionar una problemática que llega a la esencia misma de las personas. Por supuesto, quienes me conocen saben que estoy lejos de asentir esa posición, pero no por ello puedo desconocer que un amplio sector de la humanidad piensa así.
Escucho constantemente en los medios de comunicación el debate acerca de si es, o no, posible que el narcotráfico sea considerado un delito político. La verdad es que: podría "realmente" ser así, pero jurídicamente resulta imposible. Hasta tanto no se denuncie el tratado de Viena de 1988, es jurídicamente imposible hacerlo. Se podrá citar todas las sentencias de la Corte Constitucional que se quieran, pero la verdad cruda es que el tratado ratificado por Colombia (es decir, que es ley para efectos internos) impide que cualquier maniobra en ese sentido pueda salir avante.
Me interesa poco, en este espacio, el debate político que se pueda dar al respecto. Este espacio es un espacio de opinión basado en lo que el derecho colombiano prevé, y hasta el momento, hay una ley (que viene de un tratado interncional) que impide que sea posible la maniobra que se propone por algunos. Para efectos de que entiendan algunos no expertos en el tema jurídico, propongo una analogía (odiosa, como lo son todas): Si una persona se encuentra vacunada contra la fiebre amarilla, no podrá llegar a padecer de la fiebre amarilla, así lo pique un mosquito, tenga relaciones sexuales con alguien infectado, o sea pinchado con una aguja de alguien que la posea. Eso mismo ocurre con el delito de narcotráfico: no podrá juntarse con cualesquiera tipo de delito político para adquirir la naturaleza de político por conexidad; no hay riesgo de "contagio".
Sugiero este ingreso, porque lamentablemente veo que las discusiones suelen desviarse a discusiones sobre aviones explotados, campesinos desplazados, y otros actos que no son propiamente narcotráfico sino otro tipo de delitos. La pregunta, pura y simple, es si el narcotráfico puede llegar a "contagiarse" del delito político. La respuesta tajante es: no. Mientras se encuentre vigente la Convención de Viena de 1988 (Ver este enlace para verificar).
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Imagen tomada de la página web: http://healthcultureandsociety2013.wikispaces.com
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