Se ha presentado un hecho lamentable el fin de semana que recién termina. Se cayó un edificio en Medellín, y aparentemente las responsabilidades reales por la tragedia concurren en muchas instancias. Desde ese día, el país ha tenido la oportunidad de conocer cuántos casos similares existen, cuáles son los más graves, y de la manos con estos anuncios que ha venido haciendo públicos los medios de comunicación, muchas entidades del Estado han empezado a dar señales de vida respecto de este punto. Personalmente, me alegra que las entidades estatales "se pellizquen" y empiecen a hacer lo que los ciudadanos esperamos de ello.
La Constitución Política en su artículo 2° señala que "las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades (...)". En otras palabras: el Estado está para protegernos. Es probable, gracias a Dios, que las gestiones que se están emprendiendo brinden resultados en términos relativamente cortos de tiempo.
Como el caso de los edificios, también en el pasado hemos vivido situaciones similares. Basta recordar el caso de las investigaciones contra Claro por las llamadas caídas. También en ese momento se emprendieron investigaciones de altísimo nivel. Podría decirse lo mismo de otros casos en el pasado, como por la ruptura de losas de Transmilenio, o los contratos de recolección de basura del Distrito Capital. El denominador común en todos estos casos es que ellos han sido destapados y jalonados por los medios de comunicación. Eso está bien, porque muestra una de las facetas de los medios de comunicación como es la de generar crítica de las instituciones y promover la eficiencia del Estado.
El problema surge cuando los actores públicos y la ciudadanía adquieren consciencia de esta situación. El funcionario cada vez más está dejando de ser "motivado" por la norma y por la virtud de la justicia. Lo motiva la exposición mediática. Esto es evidente en casos como los de el Procurador, el Fiscal General y la Contralora, que constantemente buscan la chiva para seguir vigentes en los medios de comunicación. Consecuentemente, los mejores abogados han dejado de ser aquellos que dominan el mundo jurídico, o alguno de sus campos, y han venido a ser remplazados por aquellos que son capaces de convocar los medios de comunicación. La ecuación es sencilla: "Si me contrata, los medios vienen conmigo. Por ende, su caso se va a mover, y existe una gran probabilidad de que se mueva a nuestro favor".
La sugerencia, parece aberrante, pero la evidencia muestra que Colombia ha entrado en ese círculo vicioso. El control judicial, el de los organismos de control y el de las autoridades de inspección, vigilancia y control muestra ser especialmente sensible a los medios y especialmente insensible frente a todo lo demás. ¿Qué esperanza le queda a las personas comunes y corrientes que viven dramas jurídicos igualmente graves, pero no cuentan con un arsenal de periodistas a su favor? Algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil: profesionales de vocación.
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* Imagen tomada de la página web www.lafm.com.co
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