Alguna vez, en la facultad de jurisprudencia de la Universidad del Rosario conté con un profesor que se vanagloriaba de que Colombia era uno de los países con mayor estabilidad jurídica del continente. De esto hace más de 10 años, tiempo en el cual hemos cambiado de Código de Procedimiento Civil (por el Código General del Proceso), Código de Procedimiento Penal, Código Contencioso Administrativo (por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), Código del Menor (por el Código de la Infancia y de la Adolescencia), y Código de Minas, por sólo mencionar algunos. El Código Penal ha sido reformado incontables veces, lo mismo que la Ley 100 de 1993, tanto en su componente de salud como en el de pensiones.
Hoy se nos viene encima otra iniciativa para que reformemos la justicia. Eso dicen lo que plantean la iniciativa, pero realmente no parece ser un problema de reformar la justicia, sino de cambiar la estructura de los órganos de administración de justicia. Esta era la misma finalidad que se persiguió con la anterior reforma fallida que tristemente recuerda el país. Lo realmente triste aquí es el contenido de las propuestas que se promueven. Veamos tan solo algunas de ellas:
1) Se propone que las Altas Cortes no gocen de facultades de nominar o de elegir. Esto, buscaría teóricamente que los Magistrados de estas corporaciones se preocupen menos por acaparar poder, y más por tener sus Despachos al día, tomando decisiones en derecho.
2) Se propone eliminar el Consejo Superior de la Judicatura.
3) Se propone eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
4) Ya no se propone (pero perfectamente podría nuevamente darse de llegar a tramitarse) que
Seamos sinceros: Eso no es una reforma a la justicia, es una reforma administrativa a los órganos de la justicia, que es otra cosa.
El problema principal con las Altas Cortes, es que cada vez más quienes llegan allí tienen más apetito y ambición, que vocación. Pueden saber mucho derecho, pero también quienes saben mucho derecho pueden llegar a vender su conciencia y decidir mal. Las mentes fugadas que poseen ambición son altamente peligrosas porque siempre decidirán mal. Tomar una decisión correcta por la razón equivocada es tan errado como tomar la decisión incorrecta. Y eso pasa mucho aquí en el país.
Sigamos siendo sinceros: A la ciudadanía no le importa en lo más mínimo si el Magistrado X tiene un bloque mayoritario o minoritario en determinada Corte. A la ciudadanía tampoco le interesa si quien vende su consciencia lo hace en la justicia penal militar o en la ordinaria, le importa es que sea capaz de vender sus decisiones. A la ciudadanía sí le importa, y mucho, que sus fiscales y jueces conozcan la ley y sepan derecho (cosa que no está para nada garantizada hoy). Al hombre o mujer que acude a la jurisdicción le interesa que aquel que tenga estos conocimientos, los aplique cuando corresponden (sin contraprestación alguna). Los colombianos esperamos que si demoramos años en un pleito practicando pruebas, lo mínimo es que los fiscales y jueces las valoren con un mínimo de rigor. Esto, que parecería obvio, no esta ocurriendo hoy en Colombia.
No es gratuito que los abogados seamos mayoritariamente tildados de ladrones. No es un tema menor que muchos de los actuales o antiguos dirigentes del Estado le huyan a la justicia, o pidan garantías de organismos internacionales. Tampoco es irrazonable el hecho de que a los particulares les esté llamando cada vez más la atención el arbitraje (justicia particular y pagada). ¿Acaso alguno de estos puntos está siendo discutido hoy, o fue discutido en la reforma pasada? ¿A quién o a quiénes le rinden cuentas los jueces? La regla de la rendición de cuentas (accountability en inglés) es esencial a cualquier democracia. Aquí los jueces no le rinden cuentas a nadie, por nada.
Ciudadanos, no se confundan. La discusión sobre los posibles actos de corrupción de un Magistrado, es la misma discusión de corrupción de Congresistas, de Ministros o Alcaldes. La corrupción es corrupción en cualquier instancia y en cualquier estamento del Estado. Titular la lucha contra la corrupción en la administración de justicia como "reforma a la justicia" es algo lejano de la realidad, y no deben creer que ello implique realmente una reforme a la justicia.
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* Imagen tomada de la página web www.atr.org
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