Hay caballitos de batalla a los que se suele recurrir en el ejercicio del lenguaje discursivo. Con ello se suele intentar camuflar como argumento aquello que simplemente remite a un concepto abierto. No es fácil encontrar a un solo político que no diga que no se "debe a su pueblo", o a un juez que no proclame que sus decisiones son tomadas en "estricto derecho". Sin embargo, ni todos los políticos "se deben a su pueblo", y como hoy en día es evidente para los colombianos, no todos sus jueces fallan en "estricto derecho".
Uno de esos caballitos de batalla a los que siempre recurre cualquier persona vinculada con la administración de justicia es la garantía de la "independencia judicial". Este concepto históricamente ha sido visto como una garantía de la que gozan los jueces para proferir sentencias desprovistas de intereses personalistas, o de sesgos políticos. Es importante entender que históricamente esto surge como una manera de contrarrestar la injerencia de los gobernantes de turno frente a las decisiones de quienes están encargados de administrar justicia.
En efecto, cabe recordar que en un momento histórico, antes de que se hablara de la tridivisión del poder, el poder estuvo concentrado en un monarca absoluto, con capacidad para dictar las leyes, ejecutar las leyes y sancionar a quien contraviniera lo ordenado. La tridivisión de poderes reconoció que la actividad judicial implicaba el ejercicio de un poder público real que debía ser separado de los otros dos, o mejor, de cualquiera de los otros dos, porque implicaba demasiado poder para una misma persona. Es allí donde históricamente debemos la aparición del principio de la independencia de la actividad judicial. El juez debía, para poder ser justo, estar libre de presiones políticas de los parlamentos o de los gobiernos de turno.
El concepto, sin embargo, ha variado ostensiblemente y no debe ser entendido como una lucha de la justicia contra un gobierno, sino la reivindicación de la transparencia de la actividad judicial. La justicia es independiente cuando puede manifestarse como fruto de un proceso argumentativo y como consecuencia de una valoración probatoria. Sin embargo, la justicia que obedece a otro tipo de intereses, no es independiente y por el contrario, será una justicia mercenaria, o mejor, una no-justicia.
La administración de justicia se encuentra plagada de elementos exógenos que son parte de las fuentes materiales que rigen sus decisiones, y que igualmente son elementos exógenos que son afectados por estas decisiones. Ocurre esto con grupos de poder como lo son los gobiernos, la prensa, las mafias ilegales, con las grandes corporaciones, con las instituciones universitarias. Cada una de ellas, a su manera, maneja intereses especiales que quieren que sean salvaguardados por los operadores judiciales.
Es curioso que las propuestas normativas que supuestamente buscan equilibrar de nuevo la repartición del poder público en el país, sea tildada inmediatamente por los Magistrados en el poder como una afrenta contra la independencia judicial, esa misma independencia que es reivindicada por los miembros de la rama judicial que se fueron a paro, precisamente buscando -entre otras cosas- la garantía de la independencia judicial. Por supuesto, la injerencia excesiva de un gobierno en la estabilidad laboral de jueces y fiscales es una afrenta a la independencia judicial. Sin embargo, es igual de censurable que dicha injerencia excesiva provenga de Magistrados de las Altas Cortes.
¿Qué tan independiente, por ejemplo, puede ser un Juez de Descongestión (que debiera llamarse con más acierto Juez Provisional que Juez de Descongestión), cuando su permanencia en su cargo depende de la decisión unilateral de los Magistrados de las Altas Cortes (Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial o tan solo del Consejo Superior de la Judicatura)? ¿Qué tan independiente puede ser un juez cuando al falla contra los intereses de la Fiscalía se le abre inmediatamente una investigación penal? ¿Qué tan independiente puede ser un juez que cobra al mejor postor por una decisión con fuerza de cosa juzgada?
El concepto de independencia judicial va mucho más allá de saber quién maneja el presupuesto de la Rama Judicial. Que los jueces manejen su propio dinero en principio suena bien, pero cuando en la práctica se ve que la majestad de la justicia se vende o se permuta a cambio de otras formas de poder, ya la justicia ha dejado de ser independiente. La corrupción del funcionario judicial es la principal razón por la cual la justicia ha dejado de ser independiente.
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Imagen tomada de la página web http://losmercadosfinancieros.es
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