En esta oportunidad hemos querido expresar algunas consideraciones sobre la forma en que los medios de comunicación vienen presentando las actuaciones y las decisiones de los funcionarios judiciales que conocen algunos de los casos más sonados en la prensa, radio y televisión. En los últimos días se ha presentado en los medios la situación de un joven de 23 años que conduciendo en estado de ebriedad chocó a otro vehículo y causó la muerte de dos jóvenes y serias lesiones al conductor del vehículo que chocara.
Se ha reprochado por algunos de los principales representantes del ejercicio periodístico que la audiencia de formulación de imputación contra este joven se realizara luego de dos semanas de ocurrido el accidente de tránsito, por un supuesto estado clínico del indiciado que le impedía asistir de manera consciente a la audiencia. Para ellos, se han realizado todo tipo de afirmaciones que ponen en tela de juicio la actuación de los policiales que atendieron el caso, de la Fiscalía General de la Nación como órgano competente para citar a la audiencia y de los médicos que dictaminaron el estado clínico del joven imputado.
Tras haberse surtido la audiencia, los medios criticaron vehementemente la decisión que tomo la Juez de abstenerse de imponerle medida de aseguramiento al joven procesado. Conocida la decisión, los periodistas realizaron toda suerte de entrevistas a actores sociales y a expertos penalistas sobre la materia, en la cual la mayoría fueron coincidentes en señalar que es una decisión judicial que debe acatarse y respetarse, en espera de la decisión que tome el Juez de segunda instancia ante los recursos de apelación que fueron concedidos. Esto implica entender que este fenómeno delictivo debe ser discutido en otros escenarios, como el legislativo, en procura de prevenir la ocurrencia de estos casos o tipificar especialmente la conducta delictiva que hoy día se sanciona por vía culposa.
Por otra parte la Juez de Garantías que resolvió este caso, en entrevista radial concedida a Blue Radio, en la mañana del 31 de julio, explicó el fundamento de su decisión. Señaló que pasadas 12 horas después de la audiencia ya había recibido amenazas contra su vida con ocasión a la decisión tomada. Intentó demostrar que su fallo fue tomado en derecho y que invocaba las exigencias de la ley procesal penal para abstenerse de enviar a prisión, de manera preventiva al joven imputado. De otra parte, se anunciaban sendas investigaciones disciplinarias contra la Juez de Garantías en procura de establecer si existe alguna irregularidad en el trámite por ella adelantado.
Al respecto creemos que los medios de comunicación han optado recientemente por presentar situaciones de índole legal desde la óptica periodística, sin hacer las precisiones legales que cada caso reviste. En otras palabras, se critica y se discute sobre la forma en que se llevan las actuaciones judiciales, dejando de lado el sustento jurídico de las decisiones; a manera de ejemplo, en este caso se reproducen extractos de la decisión judicial sin siquiera hacer un mínimo resumen de la forma en que las partes presentaron sus solicitudes. Esto es particularmente relevante en relación con la Fiscalía, entidad que reclamaba la medida de aseguramiento, haciendo aparecer a la Juez como la responsable de que el joven este en libertad. En igual sentido sucedió con los policías y los médicos que dictaminaron sobre el estado clínico del joven en este caso, quienes fueron descalificados y tachados de sospechosos, olvidando que fue la Fiscalía la encargada de decidir en qué momento llevaba el caso ante el Juez de Garantías.
Esta forma de exponer a los funcionarios judiciales en los medios de comunicación, evidentemente genera un impacto en la sociedad que reclama justicia en estos casos. Creemos, sin embargo, que a veces dicho impacto puede llegar a traer consecuencias negativas para el funcionario y para la misma administración de justicia. Existe la tendencia de sembrar siempre, de manera irresponsable, un manto de duda en el ambiente noticioso, sobre la forma en el que se llegó a la decisión judicial. Esto constituye, cuando menos un acto de irrespeto hacia la función judicial, ya que se aborda la situación de manera fraccionada y siempre tendiendo a mostrar al funcionario como “el malo”.
En casos anteriores, como el de la muerte del estudiante Luis Colmenares, los medios han publicado infinidad de noticias, asumiendo posiciones de orden jurídico, que a veces los hacen ver como los jueces del caso, pues entrevistan a las partes del proceso, hacen reconstrucción de los hechos, descartan testimonios, consultan peritos expertos y llegan a conclusiones sobre la responsabilidad de los procesados. Consideramos que esto puede comprometer las decisiones judiciales, pues de alguna manera influye y estructura posiciones en los testigos y en los mismos funcionarios judiciales sobre situaciones que deberían debatirse en los estrados judiciales exclusivamente.
Valdría la pena debatir, con absoluta seriedad, acerca de la influencia de los medios de comunicación en las decisiones judiciales y especialmente sobre la responsabilidad del ejercicio periodístico en estos casos, pues así como puede resultar ser un elemento materializador de la libertad de expresión, también es cierto que la estructura económica de los medios puede ser objeto de reproche y duda. Lo anterior, en la medida en que la imparcialidad de éstos se podría ver comprometida, debido a los intereses personales de quienes pagan sus pautas publicitarias. Esto, en efecto trasciende la mera discusión sobre la libertad de expresión.
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