Para donde va el referendo

Sorpresivo resultó el anuncio sobre el referendo (al parecer aprobatorio de los acuerdos que se llegaren a alcanzar en las conversaciones de La Habana), realizado por el Presidente Santos en días pasados. Algunos han opinado que se puede tratar de un mecanismo de presión, ejercido por el Gobierno, para buscar la declaratoria de exequibilidad la ley del marco jurídico para la paz que actualmente estudia la Corte Constitucional. Otros han señalado que se puede tratar de un pulso político, dirigido a medir el grado de aceptación que pudiera tener la población civil frente a esta propuesta de referendo. Sobre todo, es importante por la coyuntura de las conversaciones de Gobierna y FARC en La Habana.

Desde la óptica jurídica, hay que tener en cuenta que la figura del referendo parecería ser la más viable para los fines perseguidos, atendiendo los términos de la Constitución Política. Lo anterior, por cuanto los demás mecanismos constitucionales (Asamblea Constituyente, Consulta, Plebiscito) requieren de umbrales de votación más exigentes -en el caso de la Asamblea y la consulta, equivalentes a una tercera parte del censo electoral, algo así como 10 millones de votos- y en el caso del plebiscito de la mitad del censo -cerca de 15 millones de votos-. Por su parte, el referendo sólo requeriría de una cuarta parte del censo, es decir 7.5 millones de votos.

Recordando los resultados negativos del ejercicio de referendo más reciente, el del 2003 impulsado en el que fuera uno de los mejores momentos políticos de  la administración de Álvaro Uribe, la propuesta del Presidente Santos, aunque arriesgada, puede resultar benéfica para su estrategia de paz. Pretender promover esta iniciativa de forma paralela a la realización de las elecciones que se vienen en 2014, (congreso en marzo y presidenciales en mayo) podría garantizar la obtención del umbral requerido para el referendo.

Si tenemos en cuenta que además de lograr el umbral, en pleno proceso de campaña política se acogen las banderas de la paz por parte de los candidatos a las elecciones –como seguramente sucederá- es posible pensar en la aprobación del cuestionario del referendo. Más allá del pulso político que evidentemente implica esta propuesta, y de su incidencia en las conversaciones de La Habana, es claro que el Gobierno se juega una importante carta.  Desde la perspectiva jurídica puede que le resulte, como puede que no.  Sin embargo, creo que resultará en un ejercicio democrático valioso para ser analizado por la doctrina jurídico-constitucional.