En días pasados un Juez Penal de Bogotá validó el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el exconcejal Hipolito Moreno, por hechos que lo involucran en el carrusel de contratos en el Distrito. Se anunció para los próximos días la imposición de la condena respectiva. Pese a lo anterior, y más allá de las investigaciones que han sido reveladas por distintos medios de comunicación, poco han dado a conocer las autoridades judiciales y de control sobre la conclusión de sus investigaciones en este asunto.
Cabe recordar que se adelanta un sinnúmero de investigaciones, disciplinarias, fiscales y penales en contra de los servidores públicos y los contratistas más renombrados en el carrusel de contratos. Basta recordar al no muy célebre grupo Nule, a los señores Álvaro Dávila y Julio Gómez. Tratándose de funcionarios públicos, están los hermanos Moreno Rojas, el excongresista Germán Olano, el exsecretario de salud Héctor Zambrano, y el excontralor Morales Russi. Por el IDU, están Inocencio Melendez y Liliana Pardo, entre otros muchos involucrados en el descalabro de las finanzas del Distrito.
Con gran estupor la sociedad Colombiana rechazó el carrusel de contratación y pidió castigar con severidad a responsables. Sin embargo a la fecha son pocos los condenados por estas conductas (por peculado los integrantes del Grupo Nule, e Inicencio Melendez), y lo que es más grave aún, es que al parecer no se ha determinado aún la verdad de los sucedido. La Fiscalía ha venido realizando acuerdos con los procesados, para la colaboración eficaz en procura de establecer la verdad de lo ocurrido y de judicializar a otros integrantes del carrusel de contratos, pero se reitera, poco se ha visto de ello.
En mi sentir, pareciéramos estar ante un escenario de desesperación en el que la Fiscalía General de la Nación busca la verdad a través del medio menos idóneo. Recordemos los frustrados acuerdos de colaboración con el grupo Nule o incluso la intrascendencia que ha tenido la colaboración de Inocencio Meléndez quien ahora se ha retractado de algunas afirmaciones que involucraban a Liliana Pardo. Sería útil fortalecer el ejercicio investigativo de los procesos en curso, en procura de lograr el establecimiento de la verdad a través de los medios investigativos existentes, evitando así la necesidad de suscribir, en la mayoría de los casos, preacuerdos o principios de oportunidad con los procesados.
Si bien el sistema acusatorio le brinda estas herramientas de negociación (preacuerdos y principio de oportunidad) a la Fiscalía, no se entiende por qué en el carrusel de contratos parecieran ser la regla general y no la excepción. Habrá que esperar por el avance y la conclusión de estos procesos y al final evaluar que tan conveniente y efectivo ha resultado para el establecimiento de la verdad.
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