El diagnóstico del sistema procesal penal - Opinión

¿Qué tan creíbles son los diagnósticos sobre el funcionamiento del sistema procesal penal en Colombia?  Depende de quién sea el que lo haga.  El inicio de mi vida profesional se dio con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004.  Participé en los primeros foros de seguimiento del sistema penal oral acusatorio (SPOA), cuando Luis Camilo Osorio era Fiscal General de la Nación.  Desde ese entonces, hasta ahora, la Fiscalía General de la Nación ha sido incapaz de aceptar que el funcionamiento del sistema es desastroso.

Algunas consideraciones sobre el sistema procesal penal a raíz del caso Morelli

NOTA DE ADVERTENCIA: En el presente ingreso no abordaré el tema del Fiscal Vs. la Excontralora porque a raíz del ejercicio de mi cargo como exfiscal, podría realizar juicios de valor que debido a los deberes de reserva y confidencialidad no podría probatoriamente sustentar.  En consecuencia, el objetivo del presente ingreso en nada se relaciona con el caso específico de esa aparente disputa y los aspectos jurídicos que lo rodean.

La investigación penal en el caso de Sandra Morelli revela varias realidades que no son obvias para la totalidad de ciudadanos, pero que merecen ser resaltadas, para conocimiento del lector.  Aparte del impacto mediático que pueda tener este caso en específico, existen aspectos que revelan profundas falencias en el funcionamiento del sistema penal.  El presente ingreso busca enunciar algunas de estas falencias.

Los actos de corrupción de la rama judicial y ejercicio de la profesión de Abogado

En las últimas semanas hemos presenciado varios casos, que han salido a la luz pública, en los que se han visto involucrados  funcionarios de la rama judicial en actos de corrupción. El primero y más sonado fue el del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en el cual fueron capturados 9 funcionarios, entre ellos dos jueces de Control de Garantías. Más recientemente se conoció un caso que involucraba a una estudiante de Derecho y a varios funcionarios de los juzgados de Ejecución de Penas de Bogotá en actos de corrupción. 

Los retos jurídicos del nuevo Ministro de Justicia

Muchas reacciones de orden político ha generado la designación del Dr. Alfonso Gómez Méndez como Ministro de Justicia. Se dice que su nombramiento implica un acercamiento del Gobierno al Partido Liberal y particularmente al sector liderado por el expresidente Ernesto Samper. Más allá de las reacciones políticas que pueda generar este nombramiento, es evidente que existen varios temas que continúan en espera de ser solucionados por parte de esta cartera.

Sabremos la verdad sobre el carrusel de contratos?

En días pasados un Juez Penal de Bogotá validó el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el exconcejal Hipolito Moreno, por hechos que lo involucran en el carrusel de contratos en el Distrito.  Se anunció para los próximos días la imposición de la condena respectiva. Pese a lo anterior, y más allá de las investigaciones que han sido reveladas por distintos medios de comunicación, poco han dado a conocer las autoridades judiciales y de control sobre la conclusión de sus investigaciones en este asunto.