La pregunta la recibí ayer, de uno de nuestros clientes, como un cubo Rubiks completamente en desorden cuyo remitente espera que sea resuelto al instante. Como no soy de los que le gusta dejar de pensar en temas tan apasionantes, he decidido dar mi opinión respecto de este tema, y he invitado a mis amigos a unirse a la tarea de indicar qué es aquello que debemos hacer para mejorar la justicia de este país.
Antes de exponer mi opinión, les expongo algunas de las respuestas que he recibido. No publico los nombres de sus autores por respeto a su intimidad, y adicionalmente porque no todos ellos son abogados, y resulta cuando menos interesante adivinar cuáles de ellas provienen de abogados, y cuáles no. A continuación las opiniones que recibí:
1. "Reforma Constitucional que permita la pena de muerte y promulgación de Ley Penal que castigue los delitos contra el Erario con fusilamiento público."
2. "Javier, desde el punto de vista del derecho civil y comercial, yo considero que la mejor fórmula es incentivar la cultura de la negociación extrajudicial. Pero ojo, no la conciliación como requisito de procedibilidad o la incorporada a los procesos como obligatoria, sino de verdad un intento directo de las partes de buscar soluciones sin parafernalias ni formalismos como los que se han incluido en la ley para los actuales MASC. En muchos contratos se incluye una etapa de negociación directa entre las partes en caso de conflicto, previa al arbitraje o a la justicia ordinaria según se haya escogido, pero en la mayoría de los casos no se intenta verdaderamente y es más, se tiene simplemente como algo más dentro de un formato de contrato que se ha regado por ahí sin tenerse en cuenta. No necesariamente estoy diciendo que la justicia no pueda componerse y deba entonces evitarse, pero sí estoy plenamente seguro que descongestionarla facilitará cualquier intento de componerla."
3. "El gobierno judicial, para empezar por la cabeza institucional, requiere líderes naturales, con la capacidad de programar un largo viaje en medio de dificultades, sin pasar por encima de la constitución. ¿Y cómo deberían ser elegidos? Seguro esto no se va escapar de un proceso político, incluso el que ahora está previsto, no es malo. En su mente puede ensayar los mecanismos que conoce. Ni uno sólo permanecerá infalible a los particulares apetitos del hombre."
4. "Pienso que una de las variables es cambiar la.cultura litigante de pedir pruebas innecesarias, que demoran los procesos. Se trata también de recurrir y apelar cuando vale la pena; y de dejar la prosopopeya en los escritos. La clásica es echarle la culpa al aparato judicial exclusivamente. Los responsables somos todos."
5. "Pena de muerte. Cadena perpetua con trabajos forsozos. Q los presos paguen x su manutencion en la carcel. Castración literal para pedofilos. Prohibicion de dosis minima y carcel por trabarse en la calle. En cuanto a los q imparten justicia...muy dificil xq creen q todo es negociable y se venden al mejor postor...eso es mas complicado q acabar con los delincuentes."
6. "Debería existir un incentivo (o desincentivo... como un descuento obligatorio de sus honorarios) para que los abogados no recurran a la estrategia de alargar, de manera que se promueva la eficiencia, además de la eficacia... y de forma que se promueva así el gana-gana, logrando que el pierde-gana o gana-pierde se conviertan en pierde-pierde, por lo que se prefiera el gana-gana... diría un economista."
El ejercicio permite extraer varios puntos interesantes, a saber: Parte de la muestra de opiniones que se han presentado equiparan el término "justicia" al término "jurisdicción penal". Obsérvese que existen dos personas que plantean el tema de la pena de muerte como una solución al problema de la justicia. No debe extrañar esta cuestión, dado que la "justicia" que aparece en los medios es la justicia penal, y para muchos ciudadanos eso es la justicia, dejando de lado un gran pedazo de aquello que para los abogados litigantes es la justicia.
Para otos, el problema de la justicia es el problema de la eficiencia en los "tiempos" de la justicia. Una buena justicia es una justicia pronta, lo que no es para nada algo indeseable, pero deja de lado determinar si una justicia pronta (independientemente del contenido de las decisiones) es el escenario deseable. Para algunos, incluso al plantearles este nuevo elemento, la respuesta no variaría. Algunos matizan la respuesta de distintas maneras.
Obsérvese también que uno de los participantes en el foro ha entendido la pregunta bajo la órbita de la gerencia de la rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación. En su sentir, no hay sistema de gerencia infalibe y en últimas, se trata de un problema de quiénes son los que gobiernan la rama judicial.
Mi opinión:
Aprovecho este último planteamiento para empezar a esbozar mi punto de vista sobre el particular. En reiteradas ocasiones se ha intentado reformar el funcionamiento de la administración de justicia, pero muchas veces ha fracasado. De hecho, esta misma semana la Corte Constitucional tomó una polémica decisión en el sentido de "revivir" al Consejo Superior de la Judicatura como órgano de administración de la Rama Judicial, decisión que ha caído muy mal en los miembros de la casta política, especialmente entre los congresistas del país, quienes ven en la Corte Constitucional a un grupo de personas que cada vez más desbordan el ámbito de sus funciones, hasta el punto de tomar decisiones de fondo sobre reformas constitucionales a partir de la teoría del control a la sustitución constitucional. Esta teoría ha sido utilizada muchas veces en el pasado (entre otros casos conocidos, sirvió para que se hundiera la segunda posible reelección del entonces Presidente Uribe).
Retomo el planteamiento recién expuesto, porque allí surge mi primer gran punto de discordia con el funcionamiento de la justicia en el país. Considero que el sistema de justicia tiene un muy serio problema en su capital humano. Su capital humano está compuesto mayoritariamente por abogados, y creo que allí radica su principal problema. No es posible que la justicia funciona si quienes intervienen en su desarrollo no somos personas idóneas. He tenido la oportunidad de interactuar con el sistema de administración de justicia desde ámbitos muy distintos, y en todos ellos, me he llevado exactamente la misma impresión.
En unos casos, contamos con personas con formación lamentable, que simplemente son propensos a cometer errores o arbitrariedades como consecuencia de la pésima formación que han recibido. Se trata de personas tituladas que muchas veces no saben escribir, o que desconocen conceptos jurídicos básicos. Con estas personas, hay un problema fundamental que cada vez es mayor: si una ley, resolución, decreto, sentencia judicial o concepto dice algo, está jurídicamente "muy bien" por el hecho de que está en la ley, acto administrativo o sentencia. Lo estamos viendo en la actualidad con la aprobación del plebiscito para la paz, en donde utilizaron un mecanismo no idóneo (plebiscito), para aprobar potenciales normas jurídicas, alterando por una sola vez (¡!) las reglas formales que gobiernan a esta figura. Sin embargo "como la ley así lo dice..."
El problema es sumamente grave, pero mucho más grave resulta cuando miramos a las personas muy bien formadas, pero con una moral y ética desastrosa. Estos genios de la técnica jurídica son mucho más peligrosos porque conocen el derecho bien, pero simplemente no lo utilizarán para lo que realmente se concibió, porque tienen "otros intereses" que salvaguardar. El caso más notorio y reciente es el exfiscal Montealegre. Una persona inteligente, formada y experimentada en el mundo jurídico, que cuando tuvo la oportunidad de servirle al país, decidió que era mejor que el país le sirviera a él. Los resultados saltan a la vista: un sistema penal completa e irredimiblemente quebrado, y eso es lo que nos queda a los que no nos movemos en esos círculos de influencia, y sí debemos interactuar con el día a día de la Fiscalía General de la Nación.
Llevemos este mismo punto que he planteado, el de las personas con serios problemas éticos y morales, a un escenario distinto: la dirección de la rama judicial. Durante los últimos años hemos visto cómo los Juzgados de descongestión aparecían y desaparecían en cuestión de meses, causando serios traumatismos en tiempos procesales. Los jueces no se nombraban por concurso, pero tampoco desaparecían por resultados cualitativos, sino cuantitativos. Ese culto a la cifra es lo que ha llevado a que la figura del archivo de las diligencias (en materia penal) pasara de ser excepcional a convertirse en la regla general. Si se atienden las cifras que arroja el sistema penal, la conclusión sería que la gente no sabe denunciar (y los abogados tampoco) porque casi todo termina en archivo de diligencias. La figura del acusador privado debía ayudar a solucionar el abuso de esta figura, pero nuestros dirigentes no le dieron oxígeno a la figura.
En el país ha entrado de lleno el esquema de la oralidad en los distintos tipos de procedimientos, y si bien esto tiene una serie de beneficios importantes en algunos campos, ya se están empezando a notar sus problemas. Uno de ellos, por ejemplo, se está viendo con claridad en materia contencioso administrativa, en donde para efectos de admitir demandas, o fijar fechas de audiencia, se toman los despachos hasta el doble de tiempo que se tomaban anteriormente, por la congestión en la agenda para evacuación de audiencias. La tendencia parece mostrar que entre más tiempo pase, más se va a agudizar el problema. Otro problema -que en mi sentir es mucho más serio- es que la oralidad muchas veces se convierte en un excesivo cumplimiento de la forma, pero menos atención a lo de fondo: Un ejemplo que puede ser constatado por cualquier ciudadano en algunos tipos de audiencia (por ejemplo las de naturaleza laboral) se da cuando se le concede a las partes un tiempo para formular sus alegatos de conclusión, y luego de aproximadamente de una hora de escuchar intervenciones de los abogados, procede el titular del despacho judicial a leer (sí, leer) una sentencia que ya tenida redactada antes de que hablaran los abogados. Se preguntará entonces el espectador: ¿y para qué les da la oportunidad de alegar de conclusión si ya la decisión estaba tomada y redactada? Esto, por supuesto, no es de lo que trata la oralidad, y para muchos (por lo menos para quien esto escribe) se trata de un desconocimiento frontal a todo aquello que se quería lograr con la implementación de la oralidad. Para quienes defienden esto, se trata de una decisión rápida. Para quienes estamos en contra, es preferible una decisión más demorada, pero que al menos atienda a los argumentos de las partes. De lo contrario, mejor suprimir trámite formales inútiles como escuchar los alegatos de conclusión (¡!).
Como podrán observar, he abordado distinto tipo de ejemplos en donde el problema no radica en el qué, sino en el quién. Magistrados que les gusta aquello de la "puerta giratoria", Magistrados, jueces, fiscales y funcionarios de policía judicial corruptos, y directores de nuestro sistema judicial que actúan de conformidad con intereses distintos a la pura administración de justicia. Todos ellos tienen en común un tema: una persona "prudente, diligente y honesta" (en términos de la legislación civil) no incurriría en estas conductas. Una persona "prudente, diligente y honesta" no permitiría que los corruptos se salieran con la suya. Un abogado "prudente, diligente y honesto" entendería que es un medio para que la justicia aparezca, y no que la justicia es un medio para que él o ella aparezca. Sin embargo, resulta cuando menos paradójico, que aunque el país tiene claro que las cabezas de su justicia no son confiables, las deliberaciones, negociaciones y propuestas para mejorar el sistema de administración de justicia siempre pasan por ellos. ¿Qué podemos esperar que salga de allí?
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Imagen tomada de la página web http://blogs.arynews.tv
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