Muchas reacciones de orden político ha generado la
designación del Dr. Alfonso Gómez Méndez como Ministro de Justicia. Se dice que
su nombramiento implica un acercamiento del Gobierno al Partido Liberal y particularmente
al sector liderado por el expresidente Ernesto Samper. Más allá de las
reacciones políticas que pueda generar este nombramiento, es evidente que existen
varios temas que continúan en espera de ser solucionados por parte de esta
cartera.
El Dr. Gómez Méndez, fue Procurador General de la Nación
y Fiscal General de la Nación, con lo
cual, puede conocer de cerca la problemática de la Justicia Colombiana. A manera
de ejemplo, las dificultades en la implementación de los sistemas orales de
justicia, la falta de recursos para la administración de justicia, los
problemas con el régimen pensional de algunos funcionarios, así como la
ausencia de resultados en las investigaciones más sonadas en los últimos años,
son algunos de los retos inminentes que se presentan para el nuevo Ministro de
Justicia.
Si bien los anuncios de paro de la Rama Judicial,
no se han verificado en cese de actividades de los Despachos Judiciales, basta
recordar los nefastos resultados de los últimos paros judiciales para concluir
que el nuevo Ministro deberá abordar esta problemática lo antes posible. Son varias
las demandas que los funcionarios de la Rama Judicial tienen pendientes por
definir con el Gobierno y la experiencia ha demostrado que seguramente tratar
estas situaciones a tiempo impedirían un innecesario paro de la justicia.
Por otra parte, esperamos que la formación
penalista del nuevo Ministro, permita dejar sentadas las bases para la
estructuración de una Política Criminal seria en Colombia. Creemos que con el
impulso del Dr. Gómez Méndez, se puede dar inicio al debate sobre la necesidad
de revisar los desarrollos normativos en materia criminal y definir los
criterios para la implementación de una verdadera Política Criminal en el país.
Como se
ve, no son pocos los retos que le esperan al Dr. Gómez Méndez, esperamos que
con su gestión, se pueda avanzar en la
solución real de los problemas que aquejan a la Administración de Justicia.
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