Seguridad y transporte público

Me motiva a escribir este ingreso, lo que ha ocurrido recientemente con dos personas cercanas a esta oficina.  En ambos casos, ellos han sido víctimas de atracos (hurto calificado) en el sistema de Transmilenio.  Una panorámica nos permite comprender lo solos que están los ciudadanos frente a sus autoridades.

En el primero de estos casos, las autoridades de la ciudad salieron públicamente a declarar, con el mayor cinismo, que no había existido reporte o denuncia por parte de alguna de las "supuestas víctimas", del suceso, razón por la cuál el Distrito no podía hacer nada.  En ese mismo caso, los funcionarios debieron recular ante la presentación de algunos ciudadanos que valientemente salieron a hacer frente a la "Bogotá Humana". Ante la presión de la opinión pública, el Distrito tendió la mano amiga a la víctima reconocida retroactivamente, para mostrar que el Distrito está con los suyos.  Sin embargo, cuando los medios dejaron de enfocarse en el caso, el Distrito retiró esa misma mano amiga, y no se volvió a dejar ver.

Los actos de corrupción de la rama judicial y ejercicio de la profesión de Abogado

En las últimas semanas hemos presenciado varios casos, que han salido a la luz pública, en los que se han visto involucrados  funcionarios de la rama judicial en actos de corrupción. El primero y más sonado fue el del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en el cual fueron capturados 9 funcionarios, entre ellos dos jueces de Control de Garantías. Más recientemente se conoció un caso que involucraba a una estudiante de Derecho y a varios funcionarios de los juzgados de Ejecución de Penas de Bogotá en actos de corrupción. 

Los retos jurídicos del nuevo Ministro de Justicia

Muchas reacciones de orden político ha generado la designación del Dr. Alfonso Gómez Méndez como Ministro de Justicia. Se dice que su nombramiento implica un acercamiento del Gobierno al Partido Liberal y particularmente al sector liderado por el expresidente Ernesto Samper. Más allá de las reacciones políticas que pueda generar este nombramiento, es evidente que existen varios temas que continúan en espera de ser solucionados por parte de esta cartera.

Sabremos la verdad sobre el carrusel de contratos?

En días pasados un Juez Penal de Bogotá validó el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el exconcejal Hipolito Moreno, por hechos que lo involucran en el carrusel de contratos en el Distrito.  Se anunció para los próximos días la imposición de la condena respectiva. Pese a lo anterior, y más allá de las investigaciones que han sido reveladas por distintos medios de comunicación, poco han dado a conocer las autoridades judiciales y de control sobre la conclusión de sus investigaciones en este asunto.

Los Tribunales de Ética Médica: ¿Entes de control ético?

Bien sabido es que la negligencia de los profesionales en cualquier área, especialmente la médica,  puede conllevarles consecuencias jurídicas, ya sea penal, civil y/o ética.  En esta oportunidad me adentraré a determinar la verdadera funcionalidad así como el objeto de la creación de los Tribunales de Ética Médica.  He de entender por funcionalidad la practicidad y la utilidad que estas entidades deberían brindar a los usuarios del sistema de salud colombiano.

Algunas cuestiones problemáticas en la aplicación de la ley de habeas data.

Con la expedición de la ley estatutaria 1581 de 2012, más conocida como la Ley de Habeas Data, se consolidó en el país el régimen de protección de datos personales, aplicable a todas las entidades públicas o privadas que manejen bases de datos que contengan este tipo de información. Si bien la ley 1266 de 2008 ya había desarrollado parte de los derechos del llamado habeas data financiero, se puede considerar que la Ley 1581 constituye el marco general para la protección de datos personales, sin que hubiese sido derogada la ley 1266 de 2008.  Con ello se crea una coexistencia especial de regímenes, según lo sostuvo la sentencia C-748 de 2011 de la Corte Constitucional en el estudio previo de constitucionalidad.

Los medios de comunicación Vs la administración de justicia.

En esta oportunidad hemos querido expresar algunas consideraciones sobre la forma en que los medios de comunicación vienen presentando las actuaciones y las decisiones de los funcionarios judiciales que conocen algunos de los casos más sonados en la prensa, radio y televisión. En los últimos días se ha presentado en los medios la situación de un joven de 23 años que conduciendo en estado de ebriedad chocó a otro vehículo y causó la muerte de dos jóvenes y serias lesiones al conductor del vehículo que chocara. 

Conductores ebrios al volante, cual es la solución?

Mucho se discute sobre la supuesta "necesidad" de castigar con prisión a quienes conducen automóviles ebrios y causan accidentes, a veces fatales como los que han sucedido en las últimas semanas. Nuevamente y por cuarta o quinta vez- se tramitan proyectos de ley al respecto en el Congreso. El punto de discusión pasa por lo que parece ser un ineficiente modelo de regulación administrativa y preventiva de este tipo de conductas, para llegar a proponerse medidas penales tales como la tipificación por sí misma de la conducta de conducir ebrio, o de la represión de los casos de lesiones u homicidio no por vía culposa sino a título de dolo eventual. Ésta última, de hecho, ha llegado a ser imputada en algunos casos por el ente acusador, y tal postura defendida por algunos tratadistas.  

Es evidente que para algunos la sanción penal pareciera erigirse como el mecanismo idóneo para prevenir estas conductas. Sin embargo, valdría la pena detenerse un poco a pensar, antes de asignarle al derecho penal exclusivamente la labor preventiva de este fenómeno “delictivo”, pues a simple vista se puede advertir en estos casos que la función preventiva de la norma penal debería pasar a un segundo plano, en tanto que los controles administrativos y de policía deberían ser la primera fase de prevención y represión de estas conductas. Esto último, dado que resulta inadecuado asignarle al Derecho Penal la función que el Estado en conjunto -con los demás actores de este mercado-  deberían de adelantar, en procura de mitigar el impacto de estos casos.

Será necesario entender, entonces, que particularmente este fenómeno requiere de una política de prevención estatal que vaya más allá de las exitosas iniciativas  privadas (consultor elegido o  salvavidas de las aseguradoras) que han mostrado resultados positivos en lo que tiene que ver con la reducción del porcentaje de estos casos.  No es descabellado pensar en hacer más exigente el trámite obtención de licencias de transito, o en involucrar a los comercializadores de vehículos en el desarrollo de campañas preventivas, o incluso pensar en el fortalecimiento de la policía de tránsito o en la implementación permanente de retenes de control de alcoholemia.  Todas ellas podrían ser algunas medidas útiles para tratar de reducir los porcentajes de ocurrencia de estos desafortunados casos.

En conclusión, creemos que resulta equivocado pensar que las sanciones penales son la solución exclusiva a estos casos. Habrá que pedirles a todos los actores que interactúan en esta problemática, especialmente a los legisladores y a quienes impulsan los proyectos de ley,  que realicen un estudio serio de la situación y promuevan las reformas que verdaderamente resulten necesarias y en las materias que verdaderamente sean de competencia para darle un tratamiento que resulte adecuado con el fenómeno sin querer dejarle al derecho penal la tarea exclusiva de prevención de este tipo de conductas.

Por una mejor forma de representación en derecho

En Colombia, y particularmente en Bogotá, existe una tendencia de encontrar oficinas de abogados supremamente grandes, enfocados en las grandes corporaciones, o la oficina pequeña de abogados independientes enfocados en los negocios de personas en particular.  Esta polarización de la representación jurídica, lleva a que en ocasiones el particular o el pequeño negocio esté obligado a pensar en estos mismos términos.  De hecho, existe una tendencia algo generalizada en algunos escenarios de considerar a los abogados de firmas grandes como "juristas", y los abogados de pequeñas firmas como "tinterillos".

Apoyo Jurídico surge como una forma diferente de concebir la gestión de intereses jurídicos de los clientes de la oficina.  Creemos fielmente que la forma de estructurar el negocios constituye una solución para todos aquellas personas naturales o negocios que están cansados de pensar que el tamaño de la firma es lo relevante, o por el contrario, que sólo es posible confiar en el pequeño abogado recomendado de la familia.  Concebimos nuestro trabajo como una manera de poder ofrecer servicios de calidad que ayuden a los clientes en una doble vía.

Además del portafolio de servicios, que está disponible para consulta en nuestra página web www.apoyojuridico.co, consideramos que este espacio es relevante para poder intercambiar opiniones con nuestros clientes, con otros colegas, y con usuarios en general que tenga opiniones respecto de los puntos que se han de tratar en esta página.  Para ello, hemos previsto estar subiendo contenido periódico, que puede ser informativo, o de opinión, e incluso ayudar a solucionar preguntas frecuentes que recibamos, para efectos de continuar brindando nuestro apoyo a otro nivel.

En próximas entradas estaremos aclarando el alcances de nuestros servicios, y presentaremos temas especialmente problemáticos en el día a día de las personas, junto con nuestra opinión jurídica.  Los invitamos a que nos escriban a nuestro correo contacto@apoyojuridico.co con sus sugerencia e inquietudes.  Sean ustedes bienvenidos a este espacio.