En el año 2008, la investigadora Marta Elena Badel Rueda elaboró un estudio propiciado y publicado por la Corporación Excelencia en la Justicia y la Corporación Transparencia por Colombia. El estudio, titulado "La corrupción judicial en Colombia: Una aproximación al mapa de riesgos", manifiesta algo que es conocido por muchos colombianos; algo que hemos tenido que sufrir muchos. La justicia está rondando niveles de corrupción tales que parece imposible derrotarlo dentro de las líneas de la institucionalidad tradicional. Es por ello que se ha propuesto recientemente la idea de que se revoquen las Cortes, órganos con prestigio en declive, y respeto cada vez menor.
El mencionado estudio resaltaba como uno de sus hallazgos lo siguiente: "En Colombia existe la corrupción judicial. Es un problema serio que se debe reconocer públicamente, cuyas soluciones no dan espera y deben ser diseñadas, propuestas y ejecutadas de manera conjunta y coordinada por actores e instituciones tanto del sistema judicial como del Estado colombiano." (BADEL., P. 53). Algo así se gestó en el pasado. Recuerdo en mi época en la Fiscalía General de la Nación la cantidad de tiempo que se invirtió en mesas de discusiones interinstitucionales para propiciar una reforma a la justicia. Si bien no participé directamente en esas temáticas, recuerdo a mis compañeros y compañeras, las directrices de mis superiores, y recuerdo los comentarios de las demás entidades que formaban parte de ese gran masa de funcionarios a los que denominamos "justicia". Fue esa la misma reforma a la justicia que meses después se caería ante la incredulidad e indignación de los ciudadanos. Fue una reforma a la justicia en la que muchos intereses se cruzaron, y muchos intereses se conciliaron. Sin embargo, no fueron los intereses del grueso de los colombianos los que preponderaron.
No han sabido explicarle a los ciudadanos por qué razón se crean y se acaban -con cierto ritmo e ímpetu predecible- juzgados de descongestión y juzgados de ejecución, por qué razón se resisten las entidades a crean sistemas de nombramiento, y por qué los que sí han llegado a ser nombrados así, son absolutamente inmunes a la evaluación y sanción dentro de esas entidades. La ciudadanía no entiende por qué si a los Fiscales les llegan 40 denuncias o más por mes, se ven obligados a mover un sólo caso por metas estadísticas, mientras que la mayoría de casos se entienden "tramitados" por órdenes de archivo.
He tenido la oportunidad de ver de cerca la manera como el apetito del profesional con aspiraciones precede la vocación del funcionario de la administración de justicia. He visto (y he sufrido) la traición de muchos a la justicia bajo el raído pretexto del "estricto apego a la ley" con muchas frases grandilocuentes y perforantes que carecen de argumentación jurídica seria y valoración probatoria acertada. Sé que no soy el único que ha visto como la imparcialidad del juez ya no es una garantía individual sino un lujo que pocos pueden darse.
Recientemente se publicó en la "Urna Virtual" del diario El Espectador y Canal Caracol, que tan sólo 6% de los encuestados creen en la justicia colombiana. ¡Seis por ciento! Si muchos consideran que los jueces deben dedicarse a fallar, no se entiende de qué manera se quiere volver a cometer el error de discutir con aquellos que han mostrado que la justicia no es vista desde la óptica del ciudadano, sino del juez (o mejor desde la persona que tiene la investidura del juez). ¿Vale la pena arriesgarse a perder el tiempo con una nueva reforma guiada por los mismos intereses que la anterior?
Mi opinión es que no es posible hacerlo, así como no es posible pedirle a una persona enferma de cáncer que se cure a sí mismo sin la intervención de terceros. La justicia ha hecho metástasis hace mucho tiempo y no veo cómo los funcionarios de hoy vayan a querer cambiar los métodos que los llevaron a ser lo que son hoy. Muchos de los Magistrados de hoy fueron los inversionistas en fiestas y regalos del ayer. A su vez, muchísimos de esos "inversionistas del ayer", lograron adquirir los recursos a invertir a partir de prácticas non sanctas, las mismas prácticas que hoy hacen que muchos inversionistas prefieran pagar 100 millones a un Juez o Fiscal, que exponerse a pagar una condena por 1500 millones. Eso sí es justicia transaccional, y como en muchos casos, es una transacción en que usted ni yo hemos sido invitados.
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Imagen tomada de la página web http://desenfin.wordpress.com
Estudio: BADEL, Marta Elena. "La corrupción judicial en Colombia: Una aproximación al mapa de riesgos". Bogotá: Corporación Transparencia por Colombia y Corporación Excelencia en la Justicia. 2008.
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