La pregunta que da título al presente escrito es algo que los conductores de vehículos estamos acostumbrados a ver por las calles de la ciudad. Se trata de un mecanismo de participación ciudadana que está llamado a permitir el control de personas que se dedican a la conducción de vehículos (principalmente de transporte colectivo o de servicio público). La eficacia de este tipo de anuncios y campañas está pendiente de ser verificada. Por el momento, es claro que genera una sensación de que se está ejerciendo un control efectivo sobre la actividad de los conductores.
En lo que ocupa a este espacio, es decir aquellos aspectos relacionados con el derecho y la justicia, constantemente nos preguntamos qué tipo de controles ciudadanos existe respecto de aquellas personas que administran justicia en nuestro país. El rol de los jueces -subvalorado por gran parte de la ciudadanía y sobrevalorado por los mismos operadores judiciales- es precisamente eso: un rol. Como ellos juegan un papel específico dentro del andamiaje institucional, están llamados a cumplir ese rol dentro de unos parámetros o estándares que se esperan de ellos. ¿Cuáles son esos estándares? La respuesta se encuentra en dos grandes bloques de normas, en los principios propios de cada estatuto procesal (civil, penal, contencioso administrativo, laboral). También existen principios unificadores que están consagrados en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270). El segundo gran bloque de normas se encuentra consagrado dentro de los deberes propios de los jueces, que también se encuentran legalmente regulados.
No es un tema menor el que exista alguien en el país (el juez) que pueda ordenar un tratamiento médico para salvarle la vida a una persona, o que tenga la posibilidad de embargar y rematar bienes de propiedad de una persona como consecuencia de un incumplimiento contractual. No es un tema menor que exista alguien que tenga la capacidad de privar a una persona de su libertad personal por largos años. Se trata de una responsabilidad que históricamente ha sido considerada como especialmente relevante en una sociedad.
No es casualidad que los primeros grandes textos de filosofía política (e.g. La República de Platón, Ética Nicomaquea de Aristóteles, Los Seis Libros de la República de Cicerón) se centren en la manera como se ha de gobernar, pero partiendo como primera instancia por la pregunta sobre la justicia. No es posible un gobierno bueno que prescinda de la justicia. Con argumentaciones algo diversas, los clásicos de la política parecen coincidir en que el manejo de lo público requiere necesariamente el apego a la justicia para efectos de que sea un manejo bueno. Justicia y vida en sociedad, están ligadas de manera inexorable.
El problema principal es que la justicia en el país cada vez más se aleja de este "ideal" que plantea la filosofía política de antaño. Para la muestra los invito a que revisen los siguientes dos enlaces. El primero de ellos, una gráfica elaborada por la Corporación Excelencia en la Justicia, muestra de qué manera el sistema penal oral ha fracasado de manera evidente. Aquí se muestra el porcentaje de aplazamiento de audiencias a lo largo y ancho del país. Y eso que allí no se incluye el nivel de represamiento de investigaciones que entran al sistema y se quedan eternamente en los anaqueles de los despachos de los fiscales. El segundo de ellos permite ver lo que arroja el popular estudio del Barómetro Global de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional. De allí, se destaca que al momento de elaboración del estudio, 64% de los colombianos considera que el sistema judicial es corrupto o extremadamente corrupto. También muestra que 19% de los encuestados han manifestado haber dado prebendas o sobornos a funcionarios de la justicia (en el último año).
Los enlaces, aquí:
http://www.cej.org.co/index.php/justiciometros3/3935-sistema-penal-aplazatorio
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=colombia
A ello, conviene adicional esto: En la actualidad, ser juez ha dejado de ser una vocación. En gran medida, la vocación por y para la justicia no es precisamente aquello que mueve a ponerse la toga a quienes han culminado sus estudios de derecho. Pertenecer a la rama es un trabajo y como cualquier trabajado, pide remuneración especial. Lo triste del asunto es que en los últimos años se han convocado a tres paros de funcionarios de la rama judicial, con miras a resolver situaciones económicas de los funcionarios de la rama: nivelación salarial, reconocimiento de ciertas prestaciones como constitutivos de factor salarial o la permanencia de despachos transitorios.
Sin embargo, no parece que a la Rama le importe mucho manifestarse a favor de las voces de quienes nos encontramos absolutamente hastiados de la inoperancia de la justicia, o de la corrupción de jueces y fiscales. La Rama Judicial no le rinde cuentas a la sociedad, y omite sus voces de protesta. Esto riñe contra todo concepto de responsabilidad de los funcionarios en una democracia, en donde el concepto de accountability que es fundamental en el ejercicio del poder democrático, parece no permear la esfera de lo judicial.
En últimas, la Rama Judicial es uno de esos estamentos del Estado en donde, ni simbólica ni realmente, se formula la pregunta: "¿Cómo conduzco?"
__________
Imagen tomada de la página web: http://redemprendedorasmarbella.com
No es un tema menor el que exista alguien en el país (el juez) que pueda ordenar un tratamiento médico para salvarle la vida a una persona, o que tenga la posibilidad de embargar y rematar bienes de propiedad de una persona como consecuencia de un incumplimiento contractual. No es un tema menor que exista alguien que tenga la capacidad de privar a una persona de su libertad personal por largos años. Se trata de una responsabilidad que históricamente ha sido considerada como especialmente relevante en una sociedad.
No es casualidad que los primeros grandes textos de filosofía política (e.g. La República de Platón, Ética Nicomaquea de Aristóteles, Los Seis Libros de la República de Cicerón) se centren en la manera como se ha de gobernar, pero partiendo como primera instancia por la pregunta sobre la justicia. No es posible un gobierno bueno que prescinda de la justicia. Con argumentaciones algo diversas, los clásicos de la política parecen coincidir en que el manejo de lo público requiere necesariamente el apego a la justicia para efectos de que sea un manejo bueno. Justicia y vida en sociedad, están ligadas de manera inexorable.
El problema principal es que la justicia en el país cada vez más se aleja de este "ideal" que plantea la filosofía política de antaño. Para la muestra los invito a que revisen los siguientes dos enlaces. El primero de ellos, una gráfica elaborada por la Corporación Excelencia en la Justicia, muestra de qué manera el sistema penal oral ha fracasado de manera evidente. Aquí se muestra el porcentaje de aplazamiento de audiencias a lo largo y ancho del país. Y eso que allí no se incluye el nivel de represamiento de investigaciones que entran al sistema y se quedan eternamente en los anaqueles de los despachos de los fiscales. El segundo de ellos permite ver lo que arroja el popular estudio del Barómetro Global de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional. De allí, se destaca que al momento de elaboración del estudio, 64% de los colombianos considera que el sistema judicial es corrupto o extremadamente corrupto. También muestra que 19% de los encuestados han manifestado haber dado prebendas o sobornos a funcionarios de la justicia (en el último año).
Los enlaces, aquí:
http://www.cej.org.co/index.php/justiciometros3/3935-sistema-penal-aplazatorio
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=colombia
A ello, conviene adicional esto: En la actualidad, ser juez ha dejado de ser una vocación. En gran medida, la vocación por y para la justicia no es precisamente aquello que mueve a ponerse la toga a quienes han culminado sus estudios de derecho. Pertenecer a la rama es un trabajo y como cualquier trabajado, pide remuneración especial. Lo triste del asunto es que en los últimos años se han convocado a tres paros de funcionarios de la rama judicial, con miras a resolver situaciones económicas de los funcionarios de la rama: nivelación salarial, reconocimiento de ciertas prestaciones como constitutivos de factor salarial o la permanencia de despachos transitorios.
Sin embargo, no parece que a la Rama le importe mucho manifestarse a favor de las voces de quienes nos encontramos absolutamente hastiados de la inoperancia de la justicia, o de la corrupción de jueces y fiscales. La Rama Judicial no le rinde cuentas a la sociedad, y omite sus voces de protesta. Esto riñe contra todo concepto de responsabilidad de los funcionarios en una democracia, en donde el concepto de accountability que es fundamental en el ejercicio del poder democrático, parece no permear la esfera de lo judicial.
En últimas, la Rama Judicial es uno de esos estamentos del Estado en donde, ni simbólica ni realmente, se formula la pregunta: "¿Cómo conduzco?"
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Imagen tomada de la página web: http://redemprendedorasmarbella.com
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